A instancias del Ejecutivo municipal, los concejales crearon por ordenanza el régimen de asociación público-privada para la gestión conjunta en la ejecución y el desarrollo de obras y servicios públicos.

El régimen dispone que el municipio puede encarar con el sector privado -organizados  como sociedades anónimas, fideicomisos u otra modalidad que resulte apta para financiamiento-  “toda actividad delegable que fomente el rol de la iniciativa privada cuyo objetivo sea proporcionar calidad a servicios o concreción de obras”.

La ordenanza aprobada en la última sesión del Concejo dispone que una comisión de evaluación -integrada por las secretarías de Planificación, de Economía y Finanzas y de Medio Ambiente- será la autoridad de aplicación y tendrá la responsabilidad de analizar los proyectos de asociación público-privada.

La norma establece que pueden ser objeto de asociación público-privada la ejecución u operación o mantenimiento de obras y servicios públicos, la ampliación de obras y servicios públicos existentes; los proyectos, financiamiento y construcción de obras y servicios públicos, incluyendo, entre otras modalidades, operaciones de llave en mano.

Ambos sectores también podrán asociarse para la prestación total o parcial de un servicio público o de actividades de competencia de la administración que resulten delegables.
La ordenanza establece que en los casos de ejecución de obra pública, al término de la asociación, la propiedad de la obra corresponderá al estado municipal.

Además se disponen como pautas básicas un plazo de vigencia de la asociación compatible con la amortización de las inversiones a realizar, y la facultad de subcontratación parcial de obras y servicios, entre otros aspectos.

El régimen aprobado establece además que el aporte de la administración pública a la asociación podrá ser “pago en efectivo, cesión de créditos tributarios u otorgamiento de beneficios tributarios, derechos sobre determinados bienes públicos que podrán consistir en concesiones, permisos, autorizaciones o algún otro instrumento legal, con excepción del derecho de propiedad sobre los mismos, otorgamiento de derechos sobre bienes de dominio privado del Estado y otras formas de aporte legalmente autorizadas”.

El proyecto del oficialismo fue aprobado por la mayoría del cuerpo, ya que no contó con el acompañamiento de los concejales Tomás Bertotto (PRO) y Ricardo Garramuño (MPF); en tanto sí obtuvo los votos de los ediles Juan Carlos Pino y Hugo Romero (FPV), Gastón Ayala (MPF), Juan Manuel Romano (UCR) y Silvio Bocchicchio (PSP).