El legislador de Somos Fueguinos (SF), Jorge Lechman, celebró que la Constitución Provincial permanezca intacta tras haberse frenado la convocatoria a elección de convencionales constituyentes para debatir una reforma, a la que considera innecesaria y costosa. Destacó que, a través de la medida cautelar presentada el 5 de agosto, se evitó un gasto de más de 4.000 millones de pesos. "Hoy es un día de festejo para los fueguinos; nuestra Constitución goza de buena salud", afirmó el parlamentario, quien recordó que este 10 de noviembre habría sido el acto eleccionario. "El Superior Tribunal de Justicia aún debe expedirse al respecto, manteniendo en suspenso el futuro de la reforma", aclaró.

Lechman explicó que, de no haber sido por dicha acción legal, este 10 de noviembre se habrían llevado a cabo las elecciones para elegir convencionales constituyentes, recordando que "Presenté la medida cautelar por mi deber como ciudadano y legislador de defender la Constitución. Nuestra ley suprema es el pilar de nuestra democracia y debe ser protegida", sostuvo.

El legislador destacó que el proyecto de reforma fue presentado por el Ejecutivo a la Legislatura saliente de 2023 y aprobado sobre tablas, sin el debate previo que una modificación de tal magnitud requiere. "Si bien se dio dentro del marco legal, esa acción es una falta de respeto a la democracia real. No se puede presentar una ley de reforma constitucional sobre tablas", criticó, señalando que un proceso tan significativo debe ser transparente y contar con la participación de todos los sectores que, a su vez, deben estar informados con la suficiente antelación para poder expresar su mirada en torno a la oportunidad de la reforma. "Cuando se pretende avanzar con la Carta Magna a las apuradas  a fin de año y sin información ni debate previo, es porque la reforma persigue fines inconfesables", apuntó Lechman.

"La Constitución de Tierra del Fuego sigue en pie y los fueguinos celebramos el freno a una reforma que no fue, acompañado de un ahorro millonario para la provincia", afirmó el parlamentario, que expresó  su satisfacción por este logro y destacó la importancia de mantener inalterada la ley fundamental de la provincia.

"Esta reforma no estaba pensada para mejorar la vida de la gente", afirmó Lechman, sugiriendo que el proyecto respondía más a intereses políticos que al bienestar de los fueguinos.

Lechman señaló una desconexión entre el gobierno y las necesidades reales de la población. "El Ejecutivo vive en otra realidad. Mientras miles de familias carecen de trabajo y acceso a servicios básicos, ellos buscan formas de perpetuarse en el poder. Espero que esos miles de millones de pesos se inviertan en las necesidades urgentes de los fueguinos", expresó.

Según el legislador, los argumentos oficiales que sostienen que la reforma era necesaria para modernizar el sistema electoral, agilizar trámites y mejorar el funcionamiento de la justicia y los tribunales, no son sinceros. "Ni ellos mismos pueden sostener lo que dicen. Hablan de modernización, pero no abordan los problemas urgentes. Esas promesas son solo una pantalla para concentrar más poder", aseveró.

Lechman aseguró que el objetivo central de la reforma era obtener mayor influencia sobre instituciones clave de la provincia, como el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. "Lo que realmente se pretende es ejercer control sobre jueces y miembros de tribunales a conveniencia. La Constitución ya prevé mecanismos para remover a quienes no cumplen con sus funciones, pero lo que busca el Ejecutivo es manejar estos cargos y apartar a quienes no se alineen con sus intereses", denunció.

En relación con la propuesta de eliminar cargos vitalicios, Lechman fue enfático al señalar que no se trata de eliminar privilegios, sino de una estrategia que podría afectar la independencia de las instituciones. "No se trata de eliminar privilegios, sino de ejercer control sobre el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. Estas instituciones deben ser autónomas para garantizar un equilibrio de poderes y una fiscalización adecuada de los recursos públicos", sostuvo.

El dirigente político destacó la importancia de que los jueces y miembros de los tribunales puedan desempeñar sus funciones sin presiones externas. "El Tribunal de Cuentas, cuya misión es fiscalizar el uso de los fondos públicos, incomoda al gobierno porque está haciendo su trabajo. Eso es lo que realmente está en juego", afirmó.

Lechman insistió en que la verdadera prioridad debe ser resolver los problemas que afectan diariamente a la población. "Miles de familias no tienen trabajo ni acceso a servicios básicos, y el gobierno parece más preocupado por sus intereses políticos. Es inaceptable que se desvíen recursos en una reforma que no responde a las necesidades reales de la provincia", finalizó.