El proyecto del Gobierno de Río Negro para concretar un cambio estructural en el complejo frutícola, y cuyos contenidos fueron aprobados por decreto en diciembre último, es fruto del consenso de casi el 60% de los integrantes del complejo frutícola.

Independientemente de esta medida, se aceptarán e incorporarán todos los cambios y aportes necesarios de los distintos sectores siempre que signifiquen modificaciones de fondo para solucionar la crisis estructural que afecta al sector.

En su etapa de elaboración, el Libro Blanco logró 700 adherentes entre productores y empresas frutícolas, sumando 573 de Río Negro y 127 de Neuquén. 

Cuenta con la adhesión de los propietarios de 21.000 hectáreas, lo que representa el 56% de la superficie en producción; además de los representantes del 57% de la exportación de fruta en 2015.

El Libro Blanco es una herramienta más que se suma a las ya existentes en la búsqueda de llevarle soluciones a los productores que hoy realmente no encuentran solución dentro los programas y financiamientos disponibles, pero nadie está obligado a cambiar sus acciones ni su forma de trabajar, comercializar, etc. Quienes quieran adherir pueden hacerlo y quienes quieran seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, también lo pueden hacer, sobre todo aquellos quienes su proyecto productivo esta sobre carriles normales o son exitosos.

Asimismo, la Provincia no dejará de acompañar a todos los integrantes del complejo frutícola que hoy van de forma aislada a buscar sus financiamientos para realizar inversiones para mejorar su competitividad, Por caso, más $60.000.000 se financiaron este año, a través de Río Negro Fiduciaria, para malla antigranizo, riegos, pequeños implementos, grandes maquinarias como tractores, plataformas, etc., como también el acompañamiento del Ente Compensador que es tomado de forma personal. Es decir, nada cambia para aquel que no desee o necesite un cambio.

Contando con el apoyo mayoritario del sector, y ante la imposibilidad de lograr el acompañamiento del resto del complejo frutícola que presentó posturas muy fuertes por la negativa, pero sin realizar aportes que sirvieran a mejorar el proyecto oficial, el Gobierno decidió poner en marcha oficialmente este proceso. No se trata de una medida tomada unilateralmente, sino que cuenta con el respaldo efectivo de más del 55% del complejo frutícola, y la misma fue tomada ante la imperiosa necesidad de generar un verdadero cambio en la estructura productiva de la fruticultura, que transforme a la actividad en rentable y competitiva. La política de acompañamiento financiero para cubrir algunas demandas ha demostrado ser ineficiente, ya que sólo sirve para cubrir las necesidades coyunturales mientas la producción va hacia un escenario de crisis total.

No obstante, en reuniones mantenidas en los primeros días de enero entre el presidente Mauricio Macri y el gobernador Alberto Weretilneck (en la que se ratificó la necesidad y la decisión de generar un verdadero cambio estructural) y luego por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi con su par de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere (en la que Nación asumió el compromiso de liderar este proceso de cambio), generaron un nuevo escenario que representan una instancia superadora en la búsqueda del objetivo final.

El Libro Blanco de la Fruticultura no es un proyecto cerrado, sino que está abierto a los aportes y modificaciones que planteen los distintos sectores siempre y cuando apunten a generar realmente una nueva fruticultura en la región. Se le brindó a todos los sectores la posibilidad de participar, aunque algunos prefirieron quedarse al margen y simplemente presentar su rechazo. No obstante, ante la situación de crisis del complejo, se hacía imperioso no dilatar más los tiempos para el inicio de las acciones concretas, aún con la posibilidad de realizar modificaciones hacia adelante, razón por la cual se dictó el Decreto Nº 2032.

El clúster de manzana y pera de Río Negro superó los cinco años consecutivos de quebranto económico, por lo cual se está en presencia de la primera crisis estructural desde que se tiene registros económicos sobre la actividad regional.

Los indicadores de productividad son claros respecto de esta situación. De 47.307 hectáreas en producción en 2011 se cayó a 37.260 en 2017. En este período, se pasó de 10.5 millones de jornales a 8 millones; y el rinde de producción cayó de 36,9 toneladas por hectárea a 28,7, por citar sólo algunos casos.

En los últimos años la menor productividad sectorial tiene un impacto en los costos que es superior al atraso cambiario, tanto por deterioro de la calidad de la fruta empacada como en la eficiencia de la estructura, con una caída en la actividad económica de más de dos millones de jornales.