El diputado nacional Matías Rodríguez (FPV Tierra del Fuego) presentó en la Cámara baja un proyecto de resolución mediante el que realiza un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, para que dé cuenta sobre los motivos por los cuales se autorizó la venta del inmueble donde funcionaban dependencias del Instituto Antártico Argentino, también sobre los detalles del proceso de enajenación de dicho edificio público y si esa decisión es parte de un “achicamiento de los organismos públicos destinados a ejecutar la política nacional antártica”.

En los fundamentos de la iniciativa el diputado fueguino recordó que “el pasado 22 de agosto se publicó en el boletín oficial el decreto 952/2016, que autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a enajenar 17 inmuebles del Estado Nacional”, entre ellos en el que funcionaba el Instituto Antártico Argentino.

Rodríguez advirtió que entre los considerandos del decreto se informa que los 17 inmuebles se encuentran en condiciones de ser enajenados, por haber sido desafectados del servicio al cual estaban asignados, en razón de resultar innecesarios para la gestión a su cargo, por lo cual “resulta indispensable conocer detalles de la desafectación de este edificio histórico, y si existe una justificación técnica al respecto”.

“Entendemos que aún si hubiera motivos edilicios que justificaran algún tipo de modificación en esas dependencias, no es un detalle menor que allí funcionó el Instituto Antártico Argentino por más de 60 años desde su fundación, es decir que hay razones de valor histórico que nos llevan a plantear nuestro absoluto desacuerdo con que se concrete su venta para destinar los terrenos a emprendimientos inmobiliarios”, amplió.

En esa línea, Rodríguez expresó que de acuerdo al decreto “el inmueble estaría en condiciones de ser rematado porque ha sido desafectado de las funciones que cumplía” cuando “lo curioso es que se trata de un edificio que estaba en funcionamiento hasta hace pocos días”. Y preguntó: “¿Por qué motivo el Poder Ejecutivo Nacional decidió dejar ocioso un edificio que estaba siendo utilizado por una dependencia de importancia estratégica? ¿Cuáles son los intereses prioritarios que están por encima de la política nacional antártica?”.   

Además, precisó que “en este edificio que el Poder Ejecutivo Nacional está tratando de entregar al negocio inmobiliario privado se fundó el Instituto Antártico Argentino en 1951” y planteó que “hasta hace aproximadamente un mes funcionaban allí algunas dependencias como la biblioteca y el museo, que contienen muchísimo material bibliográfico y objetos de alto valor histórico, fundamentales para el desarrollo de la política antártica y la puesta en valor de la relevancia estratégica que esa parte de nuestra provincia tiene para el desarrollo del país”.

Del mismo modo, mencionó que “la preocupación de los empleados del Instituto se ha expresado a través del inicio de una campaña de juntada de firmas para que no se venda el edificio, y trasciende ese tema para extenderse sobre otras cuestiones que hacen a su labor. Los testimonios, registrados en una nota publicada el 22 de septiembre en el sitio web de la Universidad Nacional de San Martín, muestran una vez más que el gobierno nacional toma este tipo de medidas de manera inconsulta y sin dar explicaciones ni aviso siquiera a los trabajadores directamente involucrados con el área, sus tareas e instalaciones”.

“Teniendo en cuenta los numerosos despidos que hubo en la Administración Pública Nacional desde el 10 de diciembre pasado y los rumores de nuevas cesantías para los próximos meses, nos preguntamos si no estamos ante otra avanzada de achicamiento del Estado, esta vez relacionada con la política nacional antártica”, requirió.

Por último, el diputado del FPV sostuvo que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo “no hizo más que elevar nuestro grado de preocupación” ya que contempla para 2017 “una reducción considerable en cuanto a los recursos asignados al Plan Antártico, programa 20, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” el que “pasa de 251,8 millones de pesos (2016) a 183,5 millones de pesos (2017)”, lo que significa “una reducción en términos nominales de más de un 27% y, en términos reales de más de un 47%”, mientras que “los gastos en personal no están exentos de esta lógica y pasarían de 157,7 millones de pesos en 2016 a 137,5 millones en 2017”.