La gobernadora Rosana Bertone y el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Bautista Mahíques, firmaron este lunes un convenio de cooperación y asistencia técnica para la implementación en Tierra del Fuego del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica.

Este Programa que es instrumentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todo el País, pone al alcance de los jueces, fiscales y defensores una herramienta que posiciona al arresto domiciliario como una alternativa cierta a la pena de prisión, y al mismo tiempo, favorece la reinserción social de personas adultas condenadas o procesadas por la Justicia penal nacional y/o federal, que se encuentren privadas de la libertad y en condiciones de acceder al beneficio.

Quienes accedan a la prisión domiciliaria, que en principio serán 10 detenidos, contarán con un mecanismo de rastreo y monitoreo mediante pulsera electrónica colocada en el tobillo. Un sistema de vigilancia permanente permitirá informar inmediatamente a las autoridades judiciales cada vez que se altere el normal funcionamiento de las pulseras.

El convenio- al cual Tierra del Fuego es la sexta provincia en adherir- tendrá una duración de un año renovable automáticamente, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será quien afrontará los costos del servicio.

La gobernadora Rosana Bertone destacó “la predisposición para trabajar en conjunto” de parte de la Cartera nacional en éste y otros temas, como la “reforma del sistema acusatorio y la deuda que Nación mantiene con la Provincia por los presos federales, donde el expediente ya está muy avanzado”.

Bertone señaló además que la adhesión de Tierra del Fuego al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica “era una solicitud del Poder Judicial de la Provincia” y que esto posibilitará a los detenidos que cumplan con los requisitos para acceder a la prisión domiciliaria monitoreados por tobilleras “una calidad de vida distinta que favorezca su reinserción social”.
 
“Nosotros tenemos una población carcelaria relativamente pequeña comparada a otras provincias, pero hay déficits por mejorar. Pero entendemos que si trabajamos en conjunto podremos lograr una reinserción social verdadera de los que hoy están privados de su libertad” concluyó la Mandataria.